Un cortejo fúnebre en la localidad de Otavalo, provincia de Imbabura, despidió este viernes 16 de octubre al comunero quichua José Guamán, tercer manifestante asesinado por las fuerzas estatales de Ecuador en el marco de las protestas nacionales, que ya cumplen 26 días contra las políticas del presidente Daniel Noboa.

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La marcha pacífica salió desde la comunidad de Chachimbiro, a la que pertenecía Guamán y llegó hasta el ‘parque de Los Dinosaurios’, donde resultó herido de bala el martes pasado, día en que efectivos militares reprimieron las protestas con el uso de gran cantidad de gas lacrimógeno.

Su féretro salió de la plaza principal en medio de aplausos y lágrimas, mientras la multitud exigía que su muerte no quede impune y se esclarezca la responsabilidad de la fuerza pública en los hechos.

Hasta la fecha, la represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa ha dejado tres manifestantes muertos, además de 282 heridos, 172 detenidos y 15 desaparecidos temporalmente, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Marcha pacífica en Nueva Loja

En paralelo, varias organizaciones y comunidades indígenas de la provincia de Sucumbíos realizaron la Marcha Pacífica por la Dignidad y la Vida, por las calles de la ciudad de Nueva Loja, en respaldo al paro nacional.

La movilización, convocada por la CONAIE, incluyó actos simbólicos, oraciones y consignas por la libertad de los detenidos en el contexto de las protestas y en rechazo de la represión policial que ha dejado tres personas asesinadas.

Los manifestantes siguen exigiendo el fin de la represión y una respuesta concreta a sus demandas, entre ellas, la restitución del subsidio al diésel y el respeto al derecho a la protesta.

En este sentido, denunciaron la presencia de un convoy armado en Saraguro, donde comunidades que se mantienen en resistencia reportan el ingreso de las fuerzas militares y policial en las zonas de Illincho Ayllullakta y Chukidel Ayllullakta.

Las imágenes difundidas muestran vehículos blindados y decenas de uniformados desplegados en las vías rurales, lo que ha generado preocupación entre los pobladores y organizaciones de derechos humanos que advierten un recrudecimiento de la represión en el marco del paro nacional 2025.

En declaraciones desde la comunidad Perugache del Corazón, la vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, desmintió categóricamente las versiones sobre una supuesta retención.

“Denunciamos la manipulación y desinformación que busca confundir a la opinión pública y debilitar la unidad del movimiento indígena”, refirió la organización indígena, al tiempo, de precisar las bases ratifican su resistencia, vigilancia y dan su postura sobre el diálogo de la FICI sin compromisos reales por parte del Gobierno. Asimismo, manifestó: “nuestra lucha no se vende ni se negocia”.

La CONAIE declaró el jueves que ante los hechos registrados en Imbabura —donde algunos dirigentes indígenas accedieron a un diálogo con el Gobierno pese al rechazo de las bases—, que el paro nacional continúa y descartaron negociar con el ejecutivo de Noboa: “no fuimos convocados a la mesa de diálogo, y aunque respetamos la decisión de la provincia de Imbabura y sus estructuras, recordamos que las demandas planteadas son de carácter nacional”.

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